Vaticano.- En una declaración, los obispos de Antofagasta denuncian la política de hostigamiento contra la población migrante, en su mayoría venezolanos, y señalan que algunos procesos de detención y deportación son ilegales.
“Manifestamos nuestro rechazo y preocupación por los diferentes eventos de detención, deportación y hostigamiento que ha sufrido la población migrante del Norte Grande por parte de la Administración del Estado”. Esta la motivación de la declaración pública de los obispos de la Provincia eclesiástica de Antofagasta, en el norte de Chile que critica el anuncio del Gobierno sobre los 15 vuelos de deportación, especialmente de ciudadanos venezolanos, previstos en 2021, de los cuales dos se han llevado a cabo, el domingo 25 de abril y ayer, domingo 6 de junio, ambos con más de cincuenta personas.
Vicios de legalidad en deportaciones
“Hemos tomado conocimiento que los actuales procesos de detención y deportación han adolecido de importantes vicios de legalidad”, afirman los obispos que exigen el “respeto al imperio de la Ley” que debe regir todas las actuaciones de los organismos del Estado, “más aún – agregan – cuando se trata de medidas que afectan la libertad ambulatoria de las personas que habitan el territorio nacional”.
La nota explica que ya la Corte Suprema de Chile se había pronunciado “reiteradamente” sobre la ilegalidad de los actos administrativos que expulsan a las personas migrantes y la forma en que su materialización se ha llevado a cabo. Además recuerda que las deportaciones se están realizando, no obstante, el plazo que dispone la nueva Ley de Migración y Extranjería, para que las personas migrantes que hayan entrado clandestinamente salgan voluntariamente del país o regularicen su situación.
Se viola del derecho a la regularización
“Deportar a las personas en este escenario es convertir el contenido del artículo 8° transitorio en letra muerta”, afirman los obispos. En efecto, dicho parágrafo estable que los extranjeros que han ingresado al país clandestinamente con anterioridad al 18 de marzo de 2020 y se encuentren en situación migratoria irregular podrán, dentro del plazo de 180 días contados a partir de la publicación de la ley (20/04/2021), solicitar un visado de residencia temporal sin ser sancionados administrativamente, siempre y cuando no tengan antecedentes penales. En este sentido, si bien algunas personas han sido deportadas por delitos cometidos en Chile, otras tantas han sido expulsadas solo por haber entrado irregularmente al país.
Emigración «forzoza» de venezolanos
A la Iglesia Chilena tampoco escapa la situación “forzosa” que ha llevado a miles de venezolanos salir de su país, y que “requieren especial protección” por parte de los organismos internacionales y nacionales.
“La crisis sociopolítica que experimenta Venezuela ha afectado a toda Sudamérica. Exhortamos a que se busquen caminos viables y humanitarios que permitan que Chile y el resto de los países de la región asumir la realidad que vive nuestro subcontinente” – concluye el comunicado
Los obispos Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta; Moisés Atisha Contreras, Obispo de San Marcos de Arica; Guillermo Vera Soto, Obispo de Iquique y Óscar Blanco Martínez, Obispo de San Juan Bautista de Calama, quienes firman la declaración, aseguran sus oraciones “para que Chile, país acogedor, sea una tierra donde los hermanos que llegan puedan seguir teniendo esperanza.
Prensa CEV
Nota de prensa de Vatican News
08 de junio de 2021