Secretario vaticano para las Relaciones con los Estados a la ONU: Derechos humanos inalienables deben ser defendidos
Vaticano.- El Secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, ha hecho un llamamiento a las Naciones Unidas a «redescubrir el fundamento de los derechos humanos, a fin de aplicarlos de manera auténtica», mientras el mundo sigue tomando medidas para combatir la pandemia del Covid-19. El arzobispo Gallagher hizo este llamamiento en un mensaje de vídeo durante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), que comenzó el lunes en Ginebra (Suiza). El periodo de sesiones, de cuatro semanas de duración y celebrado de forma virtual debido a la emergencia sanitaria en curso, inicia con un segmento de alto nivel de tres días de duración en el que jefes de Estado y dignatarios que representan a diversos países y regiones se dirigirán al consejo por vídeo. Desde hace más de un año, señaló el arzobispo Gallagher, «la pandemia de Covid-19 ha afectado a todos los aspectos de la vida, causando la pérdida de muchos y poniendo en duda nuestros sistemas económicos, sociales y sanitarios». Al mismo tiempo, «también ha desafiado nuestro compromiso con la protección y la promoción de los derechos humanos universales, al tiempo que ha afirmado su relevancia». Recordando las palabras del Papa Francisco en su última Encíclica Fratelli tutti, el arzobispo Gallagher subrayó su relevancia para nuestro tiempo, señalando que «al reconocer la dignidad de cada persona humana, podemos contribuir al renacimiento de una aspiración universal a la fraternidad». Los derechos humanos son incondicionales El Arzobispo destacó que el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que «la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana». Asimismo, la Carta de la ONU afirma su «fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas». El prelado señaló que estos dos documentos reconocen una verdad objetiva: que toda persona humana está dotada innata y universalmente de dignidad humana. Esta verdad – subrayó – «no está condicionada por el tiempo, el lugar, la cultura o el contexto». Reconociendo que este solemne compromiso «es más fácil de pronunciar que de alcanzar y practicar», lamentó que estos objetivos «todavía están lejos de ser reconocidos, respetados, protegidos y promovidos en todas las situaciones». Los derechos no están separados de los valores universales El arzobispo Gallagher prosiguió afirmando que la verdadera promoción de los derechos humanos fundamentales depende del fundamento subyacente del que derivan. Por lo tanto, advirtió que cualquier práctica o sistema que trate los derechos de forma abstracta -separados de los valores preexistentes y universales- corre el riesgo de socavar su razón de ser, y en tal contexto, «las instituciones de derechos humanos se vuelven susceptibles a las modas, visiones o ideologías imperantes». El arzobispo precisó además que «en ese contexto de derechos desprovistos de valores, los sistemas pueden imponer obligaciones o sanciones que nunca fueron previstas por los Estados partes, lo que puede contradecir los valores que se supone que deben promover». El prelado añadió que incluso «pueden atreverse a crear los llamados ‘nuevos’ derechos que carecen de un fundamento objetivo, alejándose así de su propósito de servir a la dignidad humana». El derecho a la vida Al ilustrar la inseparabilidad de los derechos con los valores con el ejemplo del derecho a la vida, el arzobispo Gallagher aplaudió que su contenido se haya «ampliado progresivamente con la lucha contra los actos de tortura, las desapariciones forzadas y la pena de muerte; y con la protección de los ancianos, los emigrantes, los niños y la maternidad». Dijo que estos avances son extensiones razonables del derecho a la vida, ya que mantienen su base fundamental en el bien inherente a la vida, y también porque «la vida, antes de ser un derecho, es ante todo un bien que debe ser valorado y protegido». El arzobispo Gallagher subrayó, sin embargo, que existe un riesgo real «de socavar el valor que un derecho pretende defender cuando se separa de su base fundamental», señalando, por ejemplo, un desafortunado precedente en las observaciones generales 36 del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, que «lejos de proteger la vida y la dignidad humanas, tergiversa su significado para implicar el derecho al suicidio asistido y a acabar con la vida de los niños no nacidos». Las medidas del Covid-19 y los derechos humanos El Arzobispo destacó a continuación que, ante la actual pandemia de Covid-19, algunas medidas aplicadas por las autoridades públicas para garantizar la salud pública atentan contra el libre ejercicio de los derechos humanos.Proponiendo que «cualquier limitación en el ejercicio de los derechos humanos para la protección de la salud pública debe provenir de una situación de estricta necesidad», señaló que «un número de personas, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad -como los ancianos, los migrantes, los refugiados, los indígenas, los desplazados internos y los niños- se han visto desproporcionadamente afectados por la crisis actual».Cualquier limitación impuesta en una situación de emergencia, insistió, «debe ser proporcional a la situación, aplicada de forma no discriminatoria y utilizada sólo cuando no haya otros medios disponibles». Libertad de religión El Arzobispo Gallagher también reiteró la urgencia de proteger el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, señalando en particular que «las creencias religiosas, y la expresión de las mismas, constituyen el núcleo de la dignidad de la persona humana en su conciencia». Destacando que la respuesta global a la pandemia del Covid-19 revela que «esta sólida comprensión de la libertad religiosa se está erosionando», el Arzobispo se hizo eco de la Santa Sede en el subrayar que «la libertad de religión protege también su testimonio y expresión públicos, tanto individual como colectivamente, en público y en privado, en formas de culto, observancia y enseñanza», como reconocen numerosos instrumentos de derechos humanos. Por lo
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